La Alcaldesa, Isabel Jurado, ha informado hoy que las demoliciones que se están produciendo en Chipiona vienen dictadas directamente por un juez y por tanto son de obligado cumplimiento. Jurado ha explicado que la orden de demolición se dirige en primer lugar a la persona afectada y al comunicar ésta que no tiene medios para derribar, el juez ordena directamente a la Alcaldía a hacer efectiva la demolición.
En este sentido, la Alcaldesa ha explicado que una construcción ilegal es un delito medioambiental, y que este tipo de culpa se considera un delito penal y por tanto tiene penas de prisión en caso de que no se cumpla una orden judicial al respecto.
Jurado ha asegurado que, aunque se trata de una situación muy dura y difícil, si no cumple la ley, sería ella quien tendría que ingresar en prisión por un periodo de seis meses por cada orden de demolición incumplida. Isabel Jurado ha afirmado que aunque hubo un Alcalde que aseguró a algunos ciudadanos que no pasaría nada si construían de manera ilegal, los afectados sabían que estaban cometiendo un delito, y por lo tanto ella no tiene que entrar en prisión por un delito que no ha cometido.
No obstante, Isabel Jurado ha explicado que desde que entró en la Alcaldía ha intentado por todos los medios evitar las demoliciones, contratando un despacho de abogados especializado en estos temas, intentando salvarlas por varías vías pero al encontrarse algunas de ellas ya con órdenes de demolición ha sido completamente imposible.
También ha querido recordar que no fue el actual equipo de Gobierno quien envió los expedientes de las viviendas afectadas a la fiscalía pero sí el que se ha encontrado con esta problemática, a la que han intentando dar respuesta por todos los medios.
Isabel Jurado recuerda que la ordenación del territorio corresponde a la Junta de Andalucía y por tanto es la que determina cuales son aquellas zonas de especial protección. También lamenta que haya personas que han aprovechado este momento para hacer daño y afirma con rotundidad que no cumplir una orden judicial es una desobediencia y que dejar la Alcaldía no exime de la obligación de cumplir la ley.
SevillaPress
