El decano de los abogados sevillanos, José Joaquín Gallardo, ha considerado este martes “imprescindible y urgente” que la Consejería de Justicia e Interior y el Ayuntamiento de Sevilla lleguen a un acuerdo definitivo con respecto al proyecto de la Ciudad de la Justicia.

En declaraciones a Europa Press, además, ha reclamado una decisión “que propicie edificios judiciales dignos durante los próximos 20 años, ya que en ese período resulta impensable que se puedan desarrollar megaproyectos constructivos como los que se barajaron en el pasado”.

El decano entiende necesario que la solución que se logre consensuar entre ambas partes sea “realista y viable en términos presupuestarios, de modo que pueda desarrollarse por fases, iniciándose en 2013 con las correspondientes partidas que, necesariamente, se han de incluir en el presupuesto autónomo que ya se está elaborando”.

Gallardo recuerda que, desde el Colegio de Abogados, llevan “prácticamente una década siendo críticos con los sucesivos responsables autonómicos de justicia”, ya que “en ningún momento nadie se ha tomado en serio la necesidad de dotar a Sevilla de unas instalaciones judiciales dignas y acordes con las necesidades de la cuarta capital española”.

Ante la actual carencia de recursos económicos, Gallardo señala que “se imponen fórmulas imaginativas y presupuestariamente viables” que conjuguen las reformas en los actuales edificios, con la construcción de otros nuevos en algunas de las parcelas de suelo público existentes en las inmediaciones de aquellos, “lo que debería completarse con el uso por cesión temporal de otros edificios pertenecientes también a instituciones públicas, algunos de ellos incluso emblemáticos para la justicia sevillana”.

El decano de los abogados ha señalado que “los sevillanos estamos ya cansados de palabras huecas y excusas absurdas sobre este asunto para justificar la inactividad en que la Junta de Andalucía ha incurrido durante años”. “Tengo confianza en los dos responsables políticos que han de afrontar este asunto, pues ambos conocen perfectamente las carencias en materia de infraestucturas de la justicia sevillana y ambos han sido profesionales de la justicia”, ha señalado Gallardo.

“Los abogados tampoco podemos comprender que el consejero de Justicia esté a la espera de una llamada telefónica del alcalde, cuando la iniciativa en esta materia le corresponde precisamente a De Llera. Tanto él como Zoido tienen la obligación cívica de colaborar absolutamente en todo para que los sevillanos, a medio plazo, puedan contar con unas instalaciones judiciales, al menos, dignas”.

Sin embargo, Gallardo no ha querido concretar su propuesta, en relación a las “fórmulas imaginativas”, puesto que tiene intención de exponerlas “personalmente y a la mayor brevedad” a los responsables políticos en la materia, “por si esas posibilidades pueden ser la base del acuerdo que urgentemente debieran alcanzar Ayuntamiento y Consejería antes de que finalice septiembre”.

De no llegarse a un acuerdo antes de estas fechas, “volveríamos a tener un presupuesto autonómico sin ninguna partida para la reforma, mejora, canon de cesión y construcción de edificios judiciales en la ciudad de Sevilla”, ha recordado el decano de los abogados.